El apagón de la política energética española. Juicio por el primer apagón de la era verde

Las energías renovables no tienen “la culpa”, pero en España han crecido de forma insana, gracias también a los incentivos, sin que se les haya pedido que contribuyan a la seguridad del sistema. Un fracaso de la política energética madrileña

Para entender las razones del apagón más grave y generalizado de la historia europea -el que dejó a oscuras a más de 50 millones de personas el pasado lunes- hay que reconstruir tres verdades: la verdad técnica, la verdad económica y la verdad política.

Por el momento aún no es posible precisar las causas del colapso de las redes española y portuguesa, que también tuvo repercusiones en Marruecos y Francia. Los operadores de las redes española y portuguesa, Red Eléctrica de España (REE) y Redes Energéticas Nacionais (REN), han aplazado cualquier consideración a los informes que inevitablemente tendrán que elaborarse. Además de las investigaciones de los directamente implicados, habrá una independiente, solicitada por la Comisión Europea a un Estado miembro no implicado en el accidente. Y probablemente será uno de los acontecimientos más estudiados. El Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que “no descarta ninguna hipótesis”, pero mientras tanto dejó claro que no se puede culpar a las energías renovables y atacó a quienes sugirieron que una mayor cuota de energía nuclear podría haber evitado el accidente. También señaló con el dedo a “los operadores privados” -los principales productores de energía-, convocados inmediatamente a la Moncloa junto con REE para una reunión de urgencia. Estos últimos rechazaron toda responsabilidad, incluso se quejaron de haber sido perjudicados por el accidente y amenazaron con llevar a REE y al Gobierno ante los tribunales.

Los primeros presuntos autores fueron rápidamente exculpados. Inicialmente se había especulado con un ciberataque: esta posibilidad fue descartada tanto por REE como por REN (y posteriormente por sus respectivos gobiernos). Después, el lunes, fuentes cercanas a REN hablaron de un fenómeno anómalo de “vibración atmosférica inducida”, que también se descartó rápidamente. Así pues, ni las fuerzas extranjeras hostiles ni el cambio climático o sus consecuencias pueden servir de chivo expiatorio.

Antes de proseguir, hay que reconocer lo que funcionó espléndidamente: las operaciones de reinicio de la red. Las diez o doce horas que se tardó en restablecer los sistemas pueden parecer mucho tiempo, pero reiniciar todo un sistema eléctrico después de que la producción se hubiera desplomado literalmente hasta cero fue una prueba de gran habilidad técnica. Cuando la red se cae, también lo hacen la mayoría de las centrales de generación, que no pueden reiniciarse sin una fuente de energía externa. Puede parecer contradictorio, pero la red necesita energía para funcionar, así que no puede reiniciarse sola. Ha tenido que empezar con las fuentes de energía más fácilmente disponibles, es decir, las importaciones de Francia y Marruecos, y luego añadir gradualmente centrales hidroeléctricas y de gas. Y no sólo eso: la red está atravesada por corriente alterna, que cambia de sentido 50 veces cada segundo. Esto significa que cada central de generación debe alcanzar la misma frecuencia (exactamente 50 hercios) antes de poder conectarse. Sólo entonces pueden volver las fuentes fotovoltaicas y eólicas y las centrales nucleares, que tienen tiempos de apagado y reinicio más largos. Éstas funcionaron perfectamente: se “apagaron” de forma segura y luego volvieron a suministrar energía gradualmente. Los que dicen que contribuyeron al problema (Greenpeace) no han entendido nada de lo que pasó; y los que las acusan de no contribuir a la solución (Sánchez) no han entendido para qué sirven las centrales atómicas, es decir, para suministrar energía continua en el tiempo, no para actuar como un “acordeón” que compense las oscilaciones del sistema. Combinar todos estos elementos desde cero, y reconectar gradualmente centrales individuales y luego partes enteras de la red, es un ejercicio delicado y complicado.

Un procedimiento de este tipo es totalmente inédito y no puede ponerse a prueba: ninguno de los operadores implicados tenía experiencia con él. Esto sugiere, por tanto, que había un alto grado de conciencia del riesgo y que tanto el operador de red como los fabricantes estaban preparados para ello. Esto también hace justicia a los mensajes contradictorios que Red Eléctrica había lanzado en los últimos meses: en febrero, durante la presentación de su informe anual, advertía del riesgo de “desconexión de generación” con posibles consecuencias “graves”, pero el 9 de abril, menos de tres semanas antes de la catástrofe, tuiteaba alegremente que “No existe riesgo de apagón”. Evidentemente, los técnicos estaban más concienciados que los responsables de comunicación.

Pero, ¿qué desencadenó realmente el gran apagón?

La verdad técnica

La causa fundamental sigue siendo desconocida. Sin embargo, sí sabemos algunas cosas: (i) la gestión del incidente se hizo compleja por la baja inercia del sistema, es decir, su reducida capacidad para absorber (y mitigar) variaciones bruscas en la frecuencia de la red; (ii) el aislamiento eléctrico de la Península Ibérica, mal conectada con la vecina Francia, debilitó aún más el sistema; (iii) la responsabilidad de mantener el sistema en constante equilibrio entre la oferta y la demanda, evitando que la frecuencia se desvíe del valor de 50 hercios recae en el operador nacional de la red de transporte, es decir, Red Eléctrica de España.

También conocemos la secuencia de los acontecimientos: a las 12.33 horas del lunes, un primer “evento” provoca la pérdida de parte de la generación (“muy probablemente” plantas fotovoltaicas) en el suroeste de España. Cuando se produce un fenómeno de este tipo, cae instantáneamente la frecuencia de la red. Nicolò Rossetto explica en Rivista Energia: “Si la desviación del valor de referencia [de la frecuencia] se vuelve excesiva, los sistemas de protección distribuidos por todo el sistema eléctrico empiezan a intervenir y desconectan los activos de la red para protegerlos de daños físicos. Las desconexiones debidas a los sistemas de protección se aplican tanto a los activos de generación como a los de consumo. En última instancia, las desconexiones provocan la interrupción del flujo de electricidad en el sistema”.

REE reacciona correctamente a este primer evento y estabiliza la red en pocos milisegundos. Sin embargo, 1,5 segundos después se produce un segundo “suceso”, que también puede asimilarse a una pérdida de generación, sobre el que no se dispone de información precisa. Tampoco se sabe si existe una conexión entre ambos “sucesos”, aunque muchos lo consideran probable (es decir, es posible que el primer suceso desencadenara el segundo, o que ambos tengan una causa común). Los sistemas de Red Eléctrica no reaccionan a tiempo, por lo que la frecuencia de la red empieza a “bailar”: la perturbación se extiende y, por razones de seguridad, el operador de la red francesa (Rte, Réseau de Transport d’Électricité) “corta” la conexión eléctrica entre ambos países. La red se desestabiliza aún más y se produce otro “suceso”: la desconexión “masiva” de la generación renovable. En ese momento, la frecuencia se descontrola y los sistemas de seguridad desconectan progresivamente centrales y partes de la red. La energía deja de fluir por el sistema y las luces dejan de encenderse.

Lo que causó los “acontecimientos” no lo sabemos; ni siquiera sabemos en qué consistieron exactamente. Pero sí sabemos que, más allá de los desencadenantes del apagón, hubo ciertas causas predisponentes que hicieron mucho más compleja la gestión de la emergencia. Desde el principio, muchos observaron que el sistema se caracterizaba por su escasa inercia. Así explica ChatGPT el concepto de inercia: “La inercia de un sistema eléctrico es la energía cinética almacenada en las masas giratorias de los generadores y motores síncronos. Resiste cambios rápidos en la frecuencia de la red, por ejemplo en caso de avería o pérdida repentina de generación. Cuanto mayor es la inercia, más lentos son los cambios de frecuencia, lo que da tiempo a los sistemas de control para intervenir. Es el mismo fenómeno físico por el que, cuando dejamos de pedalear, nuestra bicicleta sigue avanzando, ralentizándose lentamente hasta detenerse. ChatGPT prosigue: “A medida que aumentan las fuentes renovables no síncronas (como la solar y la eólica), la inercia disminuye, lo que hace que el sistema sea más vulnerable a la inestabilidad y los apagones. Mantener una inercia adecuada es, por tanto, crucial para la estabilidad y fiabilidad de la red eléctrica”. En el episodio del lunes, la escasa inercia del sistema amplificó las consecuencias de los “sucesos” anómalos.

A nivel muy general, el apagón español tiene algunas similitudes con el que afectó a Italia a las 3.27 horas del 28 de septiembre de 2003. También en ese caso todo empezó con el corte repentino de parte del suministro, debido a un fallo en la línea procedente de Suiza. Italia supo aprender de la experiencia. Como explicó a Staffetta Quotidiana Maurizio Delfanti, profesor de sistemas eléctricos en el Politécnico de Milán, esto suscitó polémica por el coste de las contramedidas: “Una intervención que resultó acertada, aunque no haya garantía absoluta de que nos proteja de sucesos así”. Además de fijar normas de seguridad más estrictas para Terna, se estableció la obligación de equipar las plantas fotovoltaicas de más de 6 kW de potencia con dispositivos antiapagón, que -en caso de emergencia- imitan la inercia, contrarrestando las caídas (o picos) de producción. Sin embargo, estos dispositivos no suelen estar previstos en las pequeñas instalaciones domésticas, que incluso en España suponen una parte muy importante de la producción en las horas centrales del día, sin que el operador de la red pueda “verlas” y, por tanto, sin poder impedir las retiradas o entradas de energía. “El aumento de la generación a partir de renovables no programables”, explica la economista Susanna Dorigoni al Corriere della sera, “hace que los sistemas sean más complejos y vulnerables tanto a eventos endógenos como exógenos. Su integración en el sistema eléctrico requiere inversiones para que la red pueda mantener la estabilidad”.

Entonces, ¿todo es culpa de las renovables? Culpar únicamente a la energía fotovoltaica y eólica sería fácil, pero erróneo.

La verdad económica

Las centrales eólicas y fotovoltaicas que estaban inyectando una enorme cantidad de energía a la red a las 12.33 horas del 28 de abril (y las que estaban satisfaciendo una necesidad de autoconsumo igualmente grande) no son “culpables”. Estaban haciendo lo único que pueden y deben hacer, que es producir energía descarbonizada cuando brilla el sol y sopla el viento.

Sin embargo, existen responsabilidades y, al menos en parte, pueden rastrearse. Se refieren, por una parte, a la gestión del sistema y, por otra, a su desarrollo a largo plazo. Mantener la seguridad de la red es tarea del gestor de la infraestructura, es decir, Red Eléctrica de España, que opera en régimen de concesión de monopolio (natural) por parte del Estado y recibe una generosa remuneración por ello. Por tanto, no es erróneo hablar de una quiebra de REE. Fracaso” no significa necesariamente error, en el sentido de que es posible que -dada la situación- no hubiera alternativa o salida. Tal vez REE no hubiera podido evitar la sucesión de acontecimientos que condujeron al apagón: pero probablemente sí hubiera podido tomar medidas para prevenirlos. Por ejemplo, el operador de la red puede determinar a su discreción -dentro de ciertos límites- si “corta” (es decir, no acepta en la red) la producción renovable y cuánta. Esto suele hacerse para mantener en funcionamiento un número suficiente de centrales de gas que garanticen la resistencia e inercia del sistema.

La cuestión, por supuesto, no sólo afecta a la Península Ibérica. En un documento de 2023 para el Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, Staffan Qvist, Mohamed Al Hammadi y David Victor destacaban precisamente este aspecto: “la pérdida de inercia es una consecuencia inesperada y totalmente involuntaria de estas políticas y elecciones en el diseño del mercado… la experiencia nórdica en particular sugiere la necesidad de comprender en todo el sistema cómo las partes digitalizadas de la red pueden fallar o influir en la adecuación de formas antes insospechadas”. Estos problemas no eran desconocidos para REE. En febrero, la empresa advertía de que “una elevada penetración de las energías renovables sin las capacidades técnicas necesarias para mantenerlas en funcionamiento incluso en presencia de perturbaciones… puede provocar incluso graves perturbaciones”.

¿Por qué lo subestimó? El presidente Sánchez ha estado disparando bolas encadenadas a “los operadores privados”, dando a entender que -de nuevo- “la culpa es del neoliberalismo”. Pero REE está estrictamente controlada por el Estado. Sus actividades están reguladas por la Comisión Nacional de la Energía. Además, el principal accionista es el propio Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que posee el 20 por ciento. La presidenta de REE, que ha defendido la actuación de la empresa en los últimos días, es Beatriz Corredor, una conocida miembro del Partido Socialista Español (el mismo que Sánchez) que fue ministra de Vivienda en el Gobierno de José Zapatero entre 2008 y 2010. Demasiado para los espíritus animales del capitalismo. Es probable que las políticas de REE estén impulsadas tanto por la aportación política como por el deseo de de contener los costes energéticos: de hecho, aumentar la seguridad del sistema conlleva inevitablemente costes.

REE podría haber manejado mejor la situación si hubiera tenido a su disposición una capacidad de almacenamiento mucho mayor. G.B. Zorzoli escribió: “En España, los sistemas Bess (Battery Energy Storage System) conectados a la red tienen una capacidad total de 60 Megavatios, a los que hay que añadir 6,3 Gigavatios de centrales de acumulación por bombeo y 1 Gigavatio de almacenamiento térmico, para comparar con una capacidad eólica y fotovoltaica de 64,5 Gigavatios, frente a cerca de 1 Gigavatio de Bess a escala de red y unos 19,72 Gigavatios de centrales de acumulación por bombeo en Italia, donde la capacidad eólica y fotovoltaica es inferior (50,9 Gigavatios)”. Del mismo modo, es posible dotar a las centrales renovables de equipos capaces de proporcionar una “inercia sintética”, es decir, de imitar el comportamiento de los generadores convencionales. En el citado estudio de Qvist, Al Hammadi y Victor, se refleja en particular la experiencia nórdica: “la retirada prematura de algunas unidades nucleares junto con la expansión de la energía eólica ha reducido la inercia de los sistemas y, en consecuencia, ha obligado a los operadores de la red a desarrollar y financiar un tipo de mercado completamente nuevo para apoyar la seguridad del sistema, ofreciendo al menos una acción paliativa temporal”. La referencia es a la oferta competitiva de servicios tanto del lado de la oferta (sistemas que pueden aumentar o reducir rápidamente la aportación de energía a la red) como del lado de la demanda (cargas que pueden aumentar o reducir rápidamente la retirada de energía). Esto presupone el despliegue de sistemas inteligentes y mecanismos de almacenamiento, tanto a gran escala como más pequeños y repartidos por todo el territorio, así como una gestión más activa de la demanda: cuanto más capaz sea la red de activar recursos, más en condiciones estará de hacer frente instantáneamente a sucesos como los que desencadenaron el colapso del 28 de abril. La sensación es que REE subestimó el riesgo, del que era consciente, quizá también para lograr la aportación política de maximizar la producción renovable y minimizar los costes, aun a costa de la seguridad.

¿Por qué España no ha hecho lo suficiente para proteger la red? ¿Y por qué las renovables han crecido de forma desordenada y azarosa, concentradas en determinadas zonas del país, sin ser llamadas a contribuir a la seguridad del sistema? Para responder a esto, hay que ir al corazón de lo que -hasta hace unos días- era el célebre “modelo español”. Es decir, hay que enfrentarse a la verdad política del apagón.

La verdad política

La caótica proliferación de las renovables españolas -y la incapacidad de la red para seguir su desarrollo garantizando la seguridad del sistema- depende de los incentivos económicos fijados por la normativa. A diferencia de las centrales convencionales, que deben cumplir puntualmente los calendarios de inyección de energía, las renovables no están penalizadas (o sufren menos). No sólo eso: son las políticas de incentivos las que han favorecido su crecimiento descontrolado. El principal instrumento son los llamados “contratos por diferencias”, o Cfd, presentados a menudo como un medio virtuoso para perseguir el llamado desacoplamiento de los precios de la electricidad y el gas. Mediante los Cfd, un productor renovable tiene derecho a recibir un precio determinado por la energía que produce, independientemente de los valores del mercado. Esto crea un incentivo implícito para ubicar las obras no donde se necesita energía, sino donde la producción es mayor. Se hace aún más fuerte por la disposición de que incluso la energía cortada se remunera: es decir, la comunidad paga por la energía que no sólo no se necesita (en el sentido de que no se demanda) sino que es perjudicial para el sistema (y, por tanto, es rechazada por la red). El crecimiento irracional de la fotovoltaica española también está ligado a otros aspectos, todos ellos relacionados con formas directas o indirectas de apoyo a la producción renovable.

En este sentido, los inversores no son “culpables”: vieron una oportunidad de beneficio y la explotaron. El problema es que esta oportunidad de beneficio no surgió del mercado, sino de la política, que al mismo tiempo eximió a los operadores de cualquier obligación de seguridad. Si los productores de renovables estuvieran obligados a garantizar la programabilidad de su producción, a almacenar el exceso de energía y a dotar al sistema de la inercia necesaria, sólo invertirían en los tipos de centrales y ubicaciones que pudieran cubrir la inversión. El denostado mercado lleva tiempo enviando este mensaje: en 2024, el mercado eléctrico español expresó precios cero o negativos durante 774 horas, el 9% de las horas del año. Y el resto del tiempo, los precios siguen siendo muy bajos: señal de que se produce demasiada energía de la que se necesita. El sábado 19 de abril, dos días antes del apagón, los precios fueron cero durante once de las veinticuatro horas

Si se tuvieran en cuenta estos costes ocultos o ignorados -incluido el riesgo para la seguridad-, sería evidente que no es cierto que la transición sea un proceso sin impacto económico. La descarbonización puede ser necesaria, pero no es gratuita. Por otra parte, cuando se dice que las redes europeas tendrán que soportar 100.000 millones de euros de inversión en los próximos años, se quiere decir que los consumidores europeos tendrán que soportar 100.000 millones de euros de costes en sus facturas (para regocijo de los accionistas, en su mayoría públicos). Cuanto más se cree que esos costes son necesarios, más hay que reconocer su existencia. Por ejemplo, se podrían diseñar mecanismos de apoyo a las renovables que favorecieran (o impusieran) el equipamiento de las centrales con sistemas para proporcionar inercia, como ya ocurre en Italia. Igualmente importante es que el apoyo a la eólica y la fotovoltaica no se desvincule de la implantación de una capacidad de almacenamiento adecuada y que las centrales se construyan donde sean necesarias (y no donde produzcan energía inútil). El Ministerio de Medio Ambiente había intentado prever cláusulas ad hoc, pero se vio obligado a dar marcha atrás rápidamente: de hecho, ahora las plantas fotovoltaicas son remuneradas incluso cuando se corta su producción, como ya ocurría con las eólicas. El 1 de mayo, en Italia tuvimos siete horas en las que el precio mayorista de la electricidad fue cero: son las primeras señales.

Por último, la descarbonización debe considerarse una política más amplia, de la que las energías renovables son un componente importante, pero no el único. El requisito previo para la transición, especialmente cuando se basa en las renovables, es un aumento de la demanda. Sólo ésta puede impulsar la instalación de nuevas centrales de estas características. En España, la demanda de electricidad pasó de un pico de 295 Teravatios hora en 2008 a 262 Teravatios hora en 2024: en el mismo periodo, la cuota de las renovables se disparó del 21,7% al 57,9%. Esta transformación no ha ido acompañada de ningún intento de mitigar sus efectos negativos, sino que sólo se ha orientado a cosechar sus beneficios a corto plazo (menores emisiones y precios mayoristas más bajos), descuidando, en particular, la seguridad de la red. Cuando el Gobierno español dice que las renovables no tienen nada que ver con el apagón, en realidad está desviando la responsabilidad de sus propias decisiones, que no tienen que ver con las renovables en sí, sino con la forma en que se ha inducido su desarrollo.

Lo que nos lleva a un último punto. Los costes de transición pueden reducirse, y la seguridad de las redes aumentar, si aumenta el tamaño físico de los mercados. Es decir: si crecen las interconexiones, permitiendo que las redes se ayuden mutuamente (y a la inversa, que los precios converjan). Este elemento falta por completo en España, debido sobre todo a la pequeñez de las conexiones con Francia (a lo que París siempre se ha opuesto). Pero este aislamiento eléctrico, cuyos problemas son evidentes hoy en día, fue la condición básica para el infame “tope al precio del gas”, es decir, el mecanismo introducido por Madrid para bajar artificialmente los precios de la energía. Pues bien: ahora sabemos que el aislamiento es un problema y que, si bien permite una mayor autonomía política, también conlleva mayores riesgos. Además, podríamos haberlo entendido bien antes, observando por ejemplo el apagón de Texas de 2021 (debido a heladas que bloquearon turbinas eólicas y de gas), que podría haberse evitado gracias a más interconexiones.

Básicamente, a la espera de conocer el resultado de la investigación en profundidad -en Italia en 2003 tardó siete meses-, se pueden hacer algunas consideraciones: 1) la fragilidad del sistema hizo imposible gestionar la rápida sucesión de “acontecimientos” que desestabilizaron la red; 2) no está claro en qué se equivocaron los operadores privados, acusados por Sánchez; en cambio, el desarrollo del sistema y quizá la infravaloración de los riesgos por parte de REE fueron irracionales 3) la insuficiente inversión en capacidad de almacenamiento, en mantener un nivel adecuado de inercia y en interconexiones extranjeras exacerbó las debilidades de la red ibérica; 4) en última instancia, el apagón del 28 de abril fue el resultado de un fracaso de la política energética española.

Por supuesto, no es el primer apagón de la historia, ni será el último. El analista de Bloomberg Javier Blas lo llamó “el primer apagón de la era verde”, más un hecho que una sentencia. En el pasado, cada apagón nos ha proporcionado valiosas lecciones sobre cómo aumentar la robustez de las redes y mitigar los riesgos. Hoy nos adentramos en un territorio nuevo: gestionar redes con tantas renovables no es imposible, pero sí difícil; el desarrollo de la eólica y la fotovoltaica no puede tratarse como una variable independiente. Es importante no desaprovechar la lección del gran apagón.

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